Tras un final de semana de lo más caótico posible, con grandes caídas en Ethereum y en la gran mayoría de altcoins, quizás este no sea el mejor momento para hacer anuncios sobre criptomonedas o inversiones, pero a Uphold no le tiembla el pulso. Uphold, la conocida plataforma de pagos digitales, ha decidido reanudar sus servicios de staking de criptomonedas para clientes del Reino Unido, tras la reciente enmienda a la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000.
Esta modificación, añadida por el Tesoro, establece que el staking de criptomonedas ya no será considerado un «esquema de inversión colectiva», lo cual facilita el acceso a actividades de staking con menor carga regulatoria.
La actualización regulatoria entró en vigor el 31 de enero, permitiendo a los proveedores de servicios de criptoactivos registrados ofrecer staking de manera más clara y accesible en el mercado británico. Este cambio permite a los usuarios obtener recompensas por apoyar las redes blockchain. Según Uphold, los clientes podrán apostar –hacer staking– activos digitales como Ethereum (ETH), Solana (SOL) y Near (NEAR), con retornos que alcanzan hasta el 14,8%, dependiendo de las condiciones del mercado.
Para participar en el staking, los usuarios deberán cumplir con los requisitos de saldo mínimo de los tokens PoS (Proof of Stake) admitidos, lo que les permitirá involucrarse en la validación de transacciones y obtener recompensas por su participación. Actualmente, el servicio de staking de Uphold está disponible en más de 140 países, aunque sigue suspendido en la Unión Europea y los Estados Unidos. Esta suspensión, vigente desde abril de 2023, se debe a la incertidumbre regulatoria tras las directrices emitidas por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) estadounidense.
Pero en el Reino Unido las regulaciones empiezan a ser más claras. El pasado septiembre, el Reino Unido presentó el Proyecto de ley de propiedad (activos digitales), que reconoce jurídicamente bienes digitales como criptomonedas, NFT y créditos de carbono, tratándolos como propiedad personal para otorgarles mayor protección. Antes, la legislación no definía claramente estos activos, dejando a sus propietarios en una situación incierta frente a fraudes o disputas legales. Ahora, se prevé que incentive el sector de servicios legales, aunque algunos usuarios temen que pueda derivar a más impuestos o confiscaciones.