Debido a la crisis del petróleo emergente en el mundo árabe y en este momento en la creciente tensión política en Libia, de la cual España se abastece parcialmente. El Consejo de Ministros ha aprobado un plan de ahorro de combustible que reducirá la velocidad máxima en las autovías y autopistas de 120 kilómetros por hora a 110 kilómetros por hora. La reducción del límite propuesto por el Gobierno, de 10 km/h, supondrá un 15% de ahorro, además de otras medidas como bajar el precio de los billetes de cercanías y media distancia de Renfe un 5% y aumentar hasta el 7% la presencia de biodiésel en las gasolineras.
Sin embargo, este plan del Gobierno parece (como todo lo que hace el gobierno) haber creado desacuerdos a la hora de ver los beneficios en el ahorro que supondrá esta medida. Por ejemplo, el estado gastará alrededor de 250.000 euros para adecuar con pegatinas las señales de tráfico de la red principal de carreteras. Según ha considerado la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), los ciudadanos gastarán más en multas de lo que ahorrarán con la reducción de velocidad máxima aprobada por el Gobierno. Y desde la oposición también se han oído declaraciones como estas, «Es lo que se les ha ocurrido, podrían habernos obligado a apagar la luz a las diez de la noche, a reducir el consumo de carne o a vivir dos familias por casa». Además de reflexiones como la siguiente “al reducir la velocidad se aumenta el tiempo de trayecto , con lo que se eleva el consumo en otras cosas como el aire acondicionado, además de la pérdida de tiempo consecuente”
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