Un tribunal de Barcelona ha dictaminado que los cofundadores de NSO Group, Omri Lavie y Shalev Hulio, junto con el exdirectivo Yuval Somekh, podrán ser formalmente acusados dentro de la investigación sobre el presunto espionaje al abogado catalán Andreu Van den Eynde. Esta decisión revoca una resolución previa que limitaba la causa únicamente a las empresas vinculadas a la fabricación y comercialización del software de espionaje Pegasus.
Un precedente en la lucha contra el espionaje digital
La organización de derechos humanos Irídia, con sede en Barcelona, fue la responsable de presentar la denuncia penal contra los directivos de NSO Group. En primera instancia, un tribunal rechazó la solicitud de imputarlos, restringiendo la investigación a las compañías involucradas. Sin embargo, tras la apelación de Irídia, la Audiencia Provincial ordenó su citación como investigados por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos.
La resolución permite que los ejecutivos respondan personalmente ante la justicia, donde cada vez aparecen más pruebas que señalan la responsabilidad de la empresa en la propagación del software de espionaje Pegasus.
Los acusados desempeñaron roles importantes en NSO Group y sus empresas afiliadas en el período investigado (2019-2020), cuando se sospecha que Pegasus fue utilizado para espiar a Andreu Van den Eynde. Según la sentencia, resultó completamente justificado citarlos a interrogatorio como personas investigadas.
Se trata de la primera vez que directivos de la compañía enfrentan un proceso judicial por su implicación en la toma de decisiones que permitieron la distribución y el uso del software Pegasus.
El papel de la Fiscalía
La sentencia también pone en evidencia los intentos del Ministerio Fiscal de impedir la ampliación de la querella. El Fiscal de Delitos Informáticos se opuso en repetidas ocasiones a incluir a los ejecutivos en la investigación, a pesar de las advertencias de la Comisión PEGA y de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre la necesidad de esclarecer estos casos de espionaje.
El tribunal ha considerado que la negativa tanto del juez instructor como del fiscal no se corresponde con el desarrollo del caso y que es lógico ampliar la acusación a quienes han sido identificados como responsables de las decisiones corporativas de NSO Group. Esta postura de la Fiscalía se suma al silencio del Estado español en relación con la investigación.
Con la nueva decisión judicial, los directivos de NSO Group han sido notificados formalmente de su condición de investigados. Irídia ha solicitado a las autoridades de Luxemburgo que colaboren en el caso y emitan una Orden Europea de Investigación (OEI) para esclarecer los hechos.
Además, aún está pendiente la resolución sobre la petición de imputación de Paz Esteban, exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), por su posible vinculación con el espionaje mediante Pegasus.
Por último, el pasado lunes 3 de marzo, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa celebró una audiencia sobre el uso de software espía en Serbia y España. En ella, Andreu Van den Eynde, en representación de Irídia, ofrecieron una declaración sobre el caso: