La entrada en vigor de la Ley GENIUS puso sobre la mesa un nuevo marco para las monedas estables y encendió una intensa discusión política y económica.
Desde su aprobación, varias entidades del sector financiero tradicional han reaccionado con presión sobre el Legislativo, pidiendo revisiones y límites al crecimiento de estos instrumentos. Esas voces sostienen que los incentivos ligados a las monedas estables podrían desplazar depósitos bancarios y alterar la base de financiación de entidades locales, pero también existen análisis técnicos que relativizan esas alarmas.
Presiones financieras y argumentos en disputa
Los bancos y organizaciones afines usan una narrativa que proyecta escenarios de salidas masivas de depósitos, con cifras que algunos actores han elevado hasta niveles estremecedores. Esa tesis ha servido para reclamar modificaciones legales que frenen el ritmo de adopción de monedas digitales emitidas por entes privados.
Quienes advierten contra cambios abruptos afirman que es preferible una regulación cautelosa antes que abrir la puerta a riesgos sistémicos. Frente a ello, otras voces sostienen que la mayoría de los activos que respaldan estas emisiones permanecen vinculados al circuito financiero tradicional -cuentas, títulos a corto plazo y otros instrumentos líquidos- y que, por tanto, la alarmística no refleja fielmente la realidad operativa del sector.
La enmienda anti-CBDC y el riesgo de perder apoyos
Al mismo tiempo, la Cámara de Representantes fusionó una prohibición frontal de las CBDC con un texto que pretendía clarificar la regulación de tokens digitales. La intención era sumar respaldo político, pero al mismo tiempo pone en riesgo la base bipartidista que había sostenido el proyecto de regulación de tokens.
Varios legisladores demócratas que respaldaban un marco técnico para el mercado digital no ven con buenos ojos la inclusión de un veto absoluto contra un dólar digital estatal, por razones tanto prácticas como geopolíticas. Así, la suma de medidas que juegan con intereses contradictorios ha tensionado la posibilidad de un acuerdo amplio: mientras algunos actores celebran la postura firme contra las CBDC, otros la consideran una trampa que puede dinamitar un consenso más amplio y útil a largo plazo.
El Senado, por su parte, parece inclinarse por una vía menos teatral y más técnica. Varios senadores han defendido iniciativas separadas que buscan establecer responsabilidades regulatorias claras y criterios prudenciales sin vetos absolutos.
La idea es construir un texto que pueda ser sustentable en el tiempo y aceptable para distintas corrientes legislativas, evitando que disputas tácticas en la Cámara bloqueen por completo la creación de normas operativas.
En paralelo, existe trabajo regulatorio ejecutivo orientado a precisar obligaciones de reserva y mecanismos de supervisión para emisores de monedas digitales, labores que suelen pasar desapercibidas en el debate público pero que serán determinantes cuando llegue el momento de la aplicación práctica.
Qué está en juego para la banca y los emisores privados
Más allá de la retórica, el pulso legislativo determinará si las instituciones tradicionales mantienen ventajas regulatorias o si deben competir ofreciendo productos más atractivos para los usuarios.
Si las reservas que respaldan estas emisiones continúan en instrumentos líquidos y sujetas a supervisión, la presión sobre la capacidad de préstamo de comunidades locales podría ser menor de la que pintan algunos pronósticos. Sin embargo, la incertidumbre normativa puede frenar inversiones y ralentizar la aparición de servicios financieros nuevos que respondan a demandas reales de los consumidores.