La policía francesa y Europol registran la oficina de X en París por una investigación que, según la fiscalía de la capital, arrancó en 2025 por presunta “extracción fraudulenta de datos” de un sistema automatizado. La pesquisa, que inicialmente se centró en el tratamiento irregular de información, se amplía ahora para abarcar posibles delitos de complicidad en posesión y difusión de material sexual infantil, violaciones de la privacidad y negación del Holocausto, según la unidad de delitos cibernéticos.
La operación incluye la citación de Elon Musk –propietario de X desde 2022– y la exdirectora ejecutiva Linda Yaccarino están llamados a declarar el 20 de abril, y varios empleados anónimos también han sido citados para la misma semana, indica el fiscal.
La compañía ha rechazado las acusaciones; la portavoz Rosemarie Esposito remitió a una nota publicada por la cuenta de Asuntos Gubernamentales Globales de X en la que se afirma que las imputaciones “no tienen fundamento” y que la empresa niega irregularidades.
París justifica la actuación recalcando la necesidad de comprobar que la red social cumple la ley francesa cuando opera en el territorio, detalló Maylis De Roeck, portavoz del ministerio fiscal. Fuentes judiciales advierten que la pesquisa sigue abierta y que los pasos procesales dependerán de las pruebas que aparezcan tras el registro y de las declaraciones previstas.
La investigación llega en un contexto de críticas públicas contra X y su inteligencia artificial Grok. Organizaciones y expertos denuncian que Grok puede utilizarse para crear imágenes sin consentimiento, incluidas representaciones de abuso infantil, y reclaman responsabilidad legal. Y las autoridades francesas exploran si hubo tolerancia o negligencia por parte de la empresa en el control y el uso de sus herramientas automatizadas.
En España el revuelo está en las palabras de Musk sobre Pedro Sánchez
Mientras la investigación avanza en Francia, en España circulan publicaciones de Elon Musk sobre las medidas anunciadas por el presidente Pedro Sánchez para entrar en vigor la próxima semana.
Entre ellas, el cambio legal para responsabilizar penalmente a altos ejecutivos por infracciones cometidas en sus redes sociales; la creación de un delito penal por manipulación algorítmica y amplificación de contenidos ilegales; la implantación de un sistema para rastrear y cuantificar el odio y la polarización en internet; la prohibición del acceso a redes sociales a menores de 16 años con efectivos sistemas de verificación de edad; y la cooperación del Gobierno con la fiscalía para perseguir infracciones atribuidas a Grok, TikTok e Instagram.
Estas normas, si se comienzan a aplicar la semana que viene, podrían endurecer la respuesta judicial y administrativa frente a redes sociales y sistemas automatizados, aunque algunos expertos piensan que su eficacia dependerá de la técnica y de la coordinación internacional.