El intercambio de criptomonedas Kraken ha estado lidiando con serios problemas legales con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) desde noviembre de 2023. La SEC acusó a Kraken de funcionar como una plataforma de intercambio de valores sin la autorización necesaria.
La SEC ya había acordado con Kraken sobre ciertas operaciones antes de esta demanda, que se ha convertido en un tema importante en la discusión sobre cómo deberían regularse las criptomonedas en el país. En febrero de 2024, Kraken pidió al tribunal que rechazara la demanda, argumentando que solo se les acusaba de actuar sin licencia de valores.
Kraken sostiene que las criptomonedas que ofrece deberían considerarse materias primas y no valores, lo que cambiaría la autoridad bajo la cual se regulan. Este detalle es clave porque influye directamente en cómo se aplican las normas financieras en las criptomonedas.
A finales de febrero de 2024, Kraken reforzó su defensa legal, instando a la corte a desestimar los reclamos de la SEC para evitar grandes y problemáticos cambios en las regulaciones financieras del país. Según Kraken, tales cambios deberían ser decididos por el Congreso, no en los tribunales.
La SEC ha replicado que su demanda es válida y que tiene autoridad para actuar, basándose en la prueba de Howey, un criterio legal que ayuda a determinar si algo califica como una oferta de valores, analizando si hay una inversión con la expectativa de ganar más dinero a través del esfuerzo de otros.
Los abogados de Kraken, por otro lado, argumentan que la SEC está extendiendo su influencia más allá de lo adecuado, lo que podría perjudicar la industria de inversión. Afirman que es demasiado amplia la interpretación de la SEC sobre la prueba de Howey.
Además, este caso entre Kraken y la SEC es parte de una situación más grande, que incluye a otras grandes plataformas como Coinbase y Robinhood, que también enfrentan asuntos regulatorios. La industria de las criptomonedas, a través de grupos como el Crypto and Financial Technology Advocacy Group (CFAT), ha expresado su descontento con lo que consideran una estrategia de regulación demasiado agresiva y poco adecuada para la tecnología digital e innovación.