El pasado 18 de julio, Estados Unidos aprobó la Ley GENIUS, que establece regulaciones para las monedas estables respaldadas por el dólar. Esta norma obliga a los emisores a mantener reservas líquidas y seguras -bonos del Tesoro a corto plazo o equivalentes de efectivo- en proporción del 100 %. Además, deberán obtener licencias, someterse a la vigilancia de los reguladores y aceptar auditorías. Con ello, el objetivo es integrar estos tokens en el sistema financiero estadounidense sin desordenar las operaciones bancarias tradicionales ni alterar la estabilidad de los medios de pago.
Para el economista de Forbes James Broughel, la gran pregunta es si las monedas estables pueden engrosar la oferta monetaria y disparar los precios. Según él, la respuesta reside en la naturaleza puramente transformadora de estos instrumentos: no crean nuevos billetes, sino que convierten activos ya existentes en formatos digitales que agilizan transferencias y abaratan comisiones.
Reservas, interés y cambio en la Fed
En 2028, la Reserva Federal ganó la potestad de pagar interés sobre las reservas de los bancos comerciales. De pronto, tener dinero en la Fed o invertir en letras del Tesoro era casi lo mismo: ambos rendían similares intereses y se consideraban seguros. Esto desactivó buena parte del mecanismo tradicional: antes, la Fed ajustaba la oferta de base monetaria para mover los tipos a muy corto plazo; ahora, simplemente fija un objetivo de tasa y deja que las reservas floten, remunerándolas.
Desde entonces, la Fed manipula su balance intercambiando reservas por otros valores con intereses, sin que haya un efecto notable en los agregados monetarios más amplios. En la práctica, la autoridad monetaria se ha vuelto observadora de las cotizaciones del mercado, más que conductor de ellas. Este modo pasivo de gestionar la liquidez ha coincidido con años de estabilidad económica: a la Gran Recesión de 2020 la generó un virus, no la política de dinero. Para Broughel, este episodio es uno de los mayores triunfos recientes de la Fed.
Por qué no habrá crecimiento de la oferta monetaria
La Ley GENIUS exige que cada unidad de moneda estable esté respaldada al 100% con activos líquidos equivalentes a reservas bancarias o letras del Tesoro. Hoy esos instrumentos son intercambiables; mañana, una moneda estable será lo mismo que un pasivo del banco central, pero en versión tokenizada. En consecuencia, emitir estos tokens no aumenta la masa de dinero existente, sino que reconfigura la forma en que circula.
Tampoco hay multiplicador crediticio. Los emisores no operan con reserva fraccionaria. Su promesa de respaldo íntegro impide que “fabriquen” crédito como ocurre en la banca convencional. Así, no alimentan la pirámide prestamista que algunos auguran como peligro inminente. Y si bien la mayoría de monedas estables no paga intereses -lo que las hace menos atractivas como depósito- conservan utilidad para transferencias instantáneas y transacciones internacionales. Pero esa conveniencia técnica no basta para inyectar efectivo extra en la economía ni para cambiar el poder adquisitivo global.
Riesgos ligados a la confianza y la política fiscal
Cabe considerar, eso sí, un escenario de desconfianza. Si la solvencia de Estados Unidos se pone en duda y el Tesoro deja de ser refugio seguro, los emisores podrían afrontar retiradas masivas. Los inversores querrían canjear sus tokens por billetes, y si los bonos pierden valor, los emisores tendrían dificultades para responder. Entonces la Fed quizá deba ejercer de prestamista de última instancia, tal y como ha ocurrido en otras crisis de liquidez.
No obstante, el riesgo real no emana de las monedas digitales, sino de la capacidad crediticia del gobierno. Con herramientas tradicionales de política monetaria limitadas, el Congreso y la política fiscal han adquirido protagonismo en la determinación de la demanda global. Lo vivido con los programas de estímulo recientes ilustra cómo las leyes de gasto influyen en la inflación más que la emisión de tokens. Así pues, el debate no debería girar en torno a un supuesto choque entre banca privada y Reserva Federal, sino en cómo regular estas innovaciones con sensatez y seguridad sin añadir “leña al fuego”.