La Ley Crea y Crece persigue, según su texto legal, corrige rigideces administrativas que ralentizan la puesta en marcha y la gestión de empresas, y establece medidas concretas sobre facturación para pymes -entre empresas y autónomos-.
¿Qué significa esto? La Ley Crea y Crece para pymes se trata de una obligación general de emitir y recibir facturas en formato electrónico en las relaciones B2B, con plazos escalonados según volumen de facturación y requisitos técnicos que deben cumplirse para garantizar trazabilidad y conservación de los registros. Estas normas ya figuran en el Boletín Oficial del Estado y se complementan con posteriores desarrollos reglamentarios.
La presencia de la expresión ley crea y crece para pymes señala que muchas de las medidas están pensadas para beneficiar a las pequeñas y medianas empresas reduciendo morosidad y acortando tiempos de cobro, aunque para alcanzar ese objetivo se exige una adaptación tecnológica y documental.
Los textos oficiales describen obligaciones sobre formatos, plazos para comunicar estados de la factura (aceptada, rechazada, pagada) y la obligación de mantener accesibles los registros durante años, por lo que conviene que las empresas planifiquen con antelación su migración a sistemas conformes.
Qué cambia en la operativa diaria
Los cambios afectan al flujo administrativo, desde la emisión hasta el archivo y la custodia. Las facturas deberán respetar especificaciones técnicas que garanticen su inalterabilidad y rastreabilidad; además, ciertas categorías de empresas tendrán plazos más cortos para adaptarse, y otras dispondrán de un poco más de tiempo.
El Reglamento que desarrolla estas obligaciones amplía las exigencias sobre los programas de facturación para que registren automáticamente toda la información relevante y permitan futuras auditorías sin necesidad de comprobar documentos en papel. Por lo tanto, la decisión de actualizar o sustituir el software no es sólo una cuestión de comodidad, sino de cumplimiento normativo.
Qué es VeriFactu
En términos prácticos, VeriFactu es el mecanismo cuyo objetivo es facilitar la verificación de los registros de facturación y el intercambio de estados entre emisor y receptor. Así que no es un servicio opcional. Forma parte de la arquitectura técnica que los reglamentos describen para que la Administración pueda garantizar la coherencia de la información y detectar anomalías.
El sistema exige que los programas que gestionan facturación permitan, en los plazos establecidos, intercambiar información sobre el ciclo de la factura y conservar registros legibles durante el periodo que fija la normativa. Esto conlleva que proveedores de software y consultores estén ofreciendo ya soluciones adaptadas o planes de adecuación para sus clientes.
Las facturas emitidas bajo este esquema, denominadas verificables, incorporarán un código QR que permitirá tanto al receptor como a la propia agencia tributaria comprobar su validez casi al instante.
Las pymes deben prestar atención a la revisión de contratos con proveedores de software, comprobar que los desarrollos permitan la exportación de datos conforme a las especificaciones, y entender los plazos que afectan a su grupo de facturación.
Aunque pueda sonar a lío, la normativa también pretende reducir la sombra de facturaciones fuera de libro y pagos en efectivo que complican la contabilidad y la competencialidad entre empresas. Consultores y asociaciones empresariales han venido publicando guías para facilitar la transición y aconsejan realizar pruebas piloto antes de migrar completamente.
En este sentido, la ley antifraude exige otros controles sobre los programas de facturación y limita ciertas prácticas que permiten la doble contabilidad. La obligación de fichaje obligatorio -registro de jornada-, por su parte, responde a la necesidad de certificar hechos laborales y evitar usos indebidos que puedan camuflar retribuciones o jornadas no declaradas.
Para una pyme, adaptarse implica actualizar herramientas y revisar procedimientos internos de control y formación del personal encargado de facturación y recursos humanos, evitando improvisaciones que, a la larga, salen caras.